08.01.2013

Las administraciones estudian tener nuevos ingresos, por ejemplo mediante la caza

Los recortes amenazan los espacios naturales protegidos

Los Roques de García en las Cañadas, El Teide

La disminución de partidas afecta a tareas básicas, como las de vigilancia.

Los visitantes del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa han comprobado, desde el 14 de diciembre, que ya no hay personal que les atienda en los cuatro puntos de información pública del parque. El servicio contratado por la Generalitat a la empresa Tosca -para atender a los visitantes y fomentar la educación ambiental- no ha sido renovado.

Desde que la empresa asumió esta tarea hace 19 años, nunca se había dado este portazo al visitante, según explica Llorenç Planagumà, su coordinador técnico. Los visitantes ya se adentran en la zona sin control, dicen en la zona. “Lo que está ocurriendo es un desastre. No son simples recortes. Se interrumpe una tarea que ayuda a la conservación (al orientar a los visitantes) y a fomentar el turismo sostenible. Es un ataque a un sector económico”, sentencia Planagumà.

El ejemplo ilustra cómo el recorte de presupuestos de las administraciones para los espacios protegidos está siendo traumático. La disminución de las partidas (parques nacionales, parques naturales, reservas y demás figuras de la protección) se produce sin que hayan conseguido recursos alternativos o hayan logrado implicar a la iniciativa privada. Muchos de estos espacios van camino de situarse al borde de la desprotección, alertan los expertos consultados.

Parques nacionales

Los recursos para este año tendrán una nueva vuelta de tuerca. En los cuatro parques nacionales de Canarias (Teide, Timanfaya, Garajonay, Caldera de Taburiente) se recortarán más de un 70%, mientras que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente suprimirá las subvenciones a las áreas de influencia de los parques nacionales (con las que los ayuntamientos, vecinos y oenegés lograban mejorar estos entornos). En el parque nacional de Aigüestortes i Llac de Sant Maurici, el Estado no ha reservado ninguna cantidad para el 2013, según explicó el Departament d’Agricultura de la Generalitat. “Costeamos el seguimiento y la investigación de Aigüestortes”, matizan en Agricultura y Medio Ambiente.

Los recortes están siendo durísimos en Catalunya. La Generalitat redujo el 2012 un 47% el presupuesto para los 17 consorcios que gestionan los espacios naturales de protección básica (lugares valiosos incluidos en el Pla d’Espais d’Interès Natural).

La interrupción de ayudas provocó despidos y una reducción de proyectos. Y este año, el hecho de no haberse organizado el servicio de información del parque de la Zona Volcànica de la Garrotxa (Sant Feliu de Pallarols, la Casa del Volcans en Olot, y la del Volcà del Croscat y la Fageda d’En Jordà, en Santa Pau), es un mal augurio.

“Todas las consellerias están sufriendo ajustes. Y hasta que no sepamos los recursos con que dispondrá la Generalitat para el 2013, no podemos pensar en sacar el nuevo concurso para el servicio de información de la Zona Volcànica. Este servicio se mantendrá, pero no sabemos si se reducirán las horas o el número de personas que lo atiendan” argumenta fuentes del Departament d’Agricultura, que gestiona los parques.

Planes, monterías e ingresos extra

Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura ha anunciado que tiene previsto introducir nuevas fórmulas para generar ingresos para los espacios protegidos. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha anunciado para este semestre un plan para fomentar el turismo en los parques naturales, aunque aún no se han dado pistas de por dónde irán las cosas. Además, eL Estado ingresará 167.265 euros más IVA por las monterías y recechos que ha permitido en varias fincas estatales que gestiona el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) con el objetivo de control cinegético (aunque no se trata de parques nacionales) Esta práctica ha venido siendo realizada históricamente por guardias de estos espacios, pero por ellos ahora se cobrará dinero. Las fincas en las que se han abierto las licitaciones de caza para la temporada cinegética 2012-2013 fueron el coto de Quintos de Mora (Toledo) y las fincas Lugar Nuevo y Selladores-Contadero (Jaén).

Denuncia en Castilla-La Mancha

Pero estas actividades pueden ser polémicas. La Junta de Castilla-La Mancha ha descatalogado tres refugios de fauna (Quinto de Don Pedro y Cardeñosa, en Los Yébenes, y Nava de Don Diego, en Los Navalucillos) situados en zonas bajo protección europea (Red Natura 2000), con el fin de sacar a subasta la caza de ciervos y jabalíes y que cualquier ciudadano pueda cobrar estas piezas (lo que permitirá aumenta los ingresos a la Junta y a los ayuntamientos). Ecologistas en Acción estudia, sin embargo, denunciar este hecho a la UE, pues en esta zona se hicieron grandes inversiones (programas Life) para proteger el lince ibérico, el águila imperial o el buitre negro, según denuncia su portavoz, Miguel Ángel Hernández. Su temor es que la Junta quiere ampliar este misma desprotección a al conjunto de 30 refugios en donde está prohibido la caza.

Servicios en Catalunya

En Catalunya, el Departament d’Agricultura por su parte estudia la posibilidad a cobrar con precios públicos por algunos de los servicios que se prestan estos espacios protegidos (educación ambiental a los escolares, parkings…), como ya se hace por el fondeo en las islas Medes. Pero esta idea aún no está concretada en un plan detallado, explica Josep Escorihuela, director general de Medi Natural. “Estamos incluso estudiando vincular la publicidad a los itinerarios de espacios naturales que proponemos en nuestra web”, añade. El ciudadano no aceptaría pagar por entrar en un parque natural, pero sí por sufragar algunos de estos servicios, expone. En Catalunya, no se prevé, en cambio, mucho mayor desarrollo de la caza, pues es una actividad en regresión, y sus practicantes también sufren la crisis.

Economía local en peligro

“Lo más grave de estos recortes presupuestarios es que si no se mantiene la gestión en estos espacios, se pierde parte de la economía local, que muchas veces está vinculada a los espacios protegidos. Esto se ve en actividades de turismo rural o de educación ambiental que se han desarrollado en los entornos de estos enclaves naturales. El riesgo es que esta actividad desaparezca”, dice Josep Maria Mallarach, profesor del máster de espacios protegidos de la Universidad Autónoma de Madrid.

Mallarach explica que los “recortes han sido indiscriminados”, sin que conste que previamente se haya hecho un esfuerzo para evaluar las medidas eran irrenunciables para no perder eficacia.

Un estudio de la Institució Catalana d’Història Natural elaboradohace diez años demostró que en Catalunya “no había una relación directa entre recursos económicos y eficacia de la gestión de la naturaleza”, pues la conservación de ésta depende sobre todo de las amenazas y los impactos sobre estos enclaves. Sin embargo, “si reducimos aún más unos presupuestos ya muy limitados, la falta de recursos impedirá no sólo llevar a cabo acciones de mejora, sino desarrollar tareas imprescindibles como la de vigilancia, entre otras, con lo que las posibilidades de conservación se reducen”, agrega este experto.

Mayores recortes

“El riesgo es que se aproveche la crisis para asentar la idea de que los parques nacionales son un lujo; por eso se recorta más que en otras partidas”, dice Theo Oberhubert, de Ecologistas en Acción, quien critica que los recortes en el Ministerio superan el 30%, porcentajes muchos más elevados que en los demás ministerios.

Oberhubert critica las pretensiones anunciadas por el Ministerio de propiciar la caza en los parque nacionales (aunque no se conocen aún planes concretos), algo prohibido por ley. Y denuncia la falta de coordinación y “la ausencia de un modelo común” en las políticas sobre protección de los parques nacionales desde que este gestión fue traspasada hace unos seis años a las comunidades autónomas. “No hay un modelo común; el Estado no ha defendido este espacios de colaboración”, dice.

“Y si se fomenta el turismo en los parques, se requerirá más vigilancia”, alerta. Oberhubert y Mallararch desconfían sobre las nuevas actividades económicas que podrían favorecerse para aumentar los ingresos.

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