Las casos de muertes por ingestión de veneno llegaron el año pasado a 101, una cifra muy inferior a la de hace 5 años.

Los casos positivos de envenenamiento de animales silvestres han disminuido en un 50 por ciento en los últimos cinco años en Andalucía. Si en 2006 se registraron un total de 205 casos de animales afectados, en 2011 se dieron 101, según constató la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, a través de los análisis realizados por el Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD).

En los primeros seis meses de este año fallecieron 76 animales a causa de la ingestión de veneno. Desde el 2004, la Dirección General de Gestión del Medio Natural, a través del CAD y la Estrategia Andaluza contra el uso de Venenos, ha contribuido al éxito en la lucha contra el uso ilegal de cebos envenenados.

En el marco de este plan de acción andaluz, se recibieron y analizaron durante el primer semestre de 2012 un total de 665 muestras de animales y cebos asociadas a 192 casos de posibles envenenamientos -en un mismo caso pueden analizarse una o varias muestras- de las cuales 170 pruebas registraron un resultado positivo. Entre las víctimas del veneno cabe destacar ejemplares de especies de interés como tres buitres negros, dos milanos negros y dos buitres leonados.

Desde la puesta en marcha de este centro en 2001 ante la necesidad de resolver incidencias que afectan directa e indirectamente a la fauna silvestre, unos 100 ejemplares de especies amenazadas o de interés se han visto afectadas por el uso de cebos envenenados, entre ellos un lince ibérico, cinco águilas imperiales ibéricas y cinco alimoches, una nutria paleartica, dos cernícalos primilla, dos cigüeñas negras, un halcón peregrino, una gaviota picofina, una cerceta pardilla, siete águilas reales, seis águilas perdiceras, nueve aguiluchos cenizos y cuatro laguneros, 17 milanos reales, 31 buitres negros y tres quebrantahuesos. 

Al margen de la labor desarrollada en el CAD asociada a episodios de uso de venenos en el medio natural, el centro es pieza fundamental en numerosas actuaciones de la Consejería relativas a la fauna silvestre. Entre sus funciones básicas se encuentra garantizar la sanidad y control de patologías que afecten a las poblaciones de especies protegidas y cinegéticas, controlar la transmisión de enfermedades zoonóticas y realizar el seguimiento genético a través del estudio, seguimiento y control de aspectos relacionados con variabilidad genética de las especies cinegéticas -para preservar su pureza- protegidas y de interés.

Desde la creación del Centro de Análisis y Diagnóstico, la evolución en el número de exámenes ha seguido una línea ascendente prácticamente constante. Hasta este momento ha alcanzado más de 160.000 pruebas realizadas sobre un total de cerca de 83.500 muestras procedentes de casi 34.000 casos de estudio. La mayoría de estos análisis -que se llevan a cabo en el laboratorio del centro- se corresponden en un 40 por ciento con estudios microbiológicos y un 24 por ciento genéticos. Cabe destacar también los más de 8.500 análisis toxicológicos realizados que permiten determinar la presencia de hasta 280 tóxicos.

Al CAD llegan ejemplares sin vida y también las muestras biológicas de animales enfermos atendidos en los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas de Andalucía (CREA), de cetáceos y tortugas de los Centros de Gestión de Especies Marinas (Cegma), de linces, águilas imperiales ibéricas y quebrantahuesos de los respectivos Centros de Cría y de vida libre, así como animales de las Estaciones de Referencia de la cabra montés, del conejo de monte, de la perdiz roja o del corzo.

Con la puesta en marcha del CAD en 2001, se inició un servicio pionero en España que hoy día constituye el centro de referencia de la Red de Seguimiento Sanitario y Genético de la Fauna Silvestre en Andalucía. Además, este centro colabora con los Agentes de Medio Ambiente, con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y con la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Junta, mediante la elaboración de informes técnicos que se incluyen en atestados o expedientes relacionados con posibles infracciones que atenten contra el medio ambiente en el conjunto de la comunidad.

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